La investigación tiene por objeto examinar la estabilización y el acceso a la función pública. Para ello se examina el proyecto de LOSU, que tiene como uno de sus objetivos prioritarios la eliminación de la precariedad en el empleo universitario y la implantación de una carrera académica estable y predecible. En este contexto se establecen tres niveles de progresión frente a los cuatro vigentes hasta ahora. Así, pretende seguir las etapas de incorporación, consolidación y promoción. En este contexto la norma mantiene la doble vía paralela funcionarial y laboral que fomentará duplicidades e incrementará la precariedad y las desigualdades entre universidades públicas y entre las diversas figuras docentes e investigadoras. También parece que los estadios preliminares de la norma no determinan una carrera académica predecible y definida, que aporte certidumbres y evite a los profesores tener que acceder a contratos indefinidos o plazas de funcionario a edad muy avanzada (hoy en día 48 años para Contratado Doctor o 54 para Titular de Universidad de media). Por último, blinda la tasa de reposición lo que dificultará la renovación y el rejuvenecimiento de las plantillas e impedirá alcanzar en seis años el porcentaje de temporales (20%) lo que podría poner en riesgo el mantenimiento de la plantilla con contrato laboral temporal. Todas estos aspectos serán analizados en la intervención del simposio.

En el resumen del Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), se explica que desde que fue aprobada la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), las normas se encuentran consolidadas en nuestra sociedad a la misma vez que se han producido cambios en los que es necesario “adaptar y actualizar el régimen jurídico del sistema universitario”. Pues bien, el motivo de este cambio viene precedido de la crisis económica del año 2008, en el que impactó económica y presupuestariamente en el sistema universitario (y que continúa hoy en día) identificando en concreto tres áreas: El “envejecimiento de las plantillas”: con el 53,5% del profesorado permanente en edad de jubilación para el curso 2030/2031. Una “precariedad laboral de parte de la plantilla del profesorado”: con la reducción de la tasa de reposición lleva a incrementar la precariedad mediante el profesor asociado “con dedicación parcial y de carácter temporal”. Una “reducción de la inversión en educación universitaria”: con un descenso del 10% en el periodo 2009-2018 y hasta un 20% “en su vertiente de financiación pública, aumentando la financiación privada a través del incremento de las tasas universitarias”. Previsiblemente, con la futura aprobación de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), se conseguirían los siguientes objetivos: El impulso de “una Universidad de calidad, accesible, equitativa e internacionalizada”. La promoción de “una Universidad productora de conocimiento al servicio de la sociedad y que contribuya al desarrollo económico sostenible”. La garantía de “que los recursos humanos y financieros del sistema universitario son adecuados y suficientes para el cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas la universidad”. Poder “asegurar una Universidad autónoma, democrática y participativa que constituya un espacio de libertad, de debate cultural y de desarrollo personal al mismo tiempo que sea eficaz y eficiente en la toma de decisiones y su gestión”. Por tanto, procederemos a realizar un análisis exhaustivo de la futurible Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), para ver cuánto de beneficiosa y de perjudicial podría llegar a ser.

Recientemente ha sido aprobado el Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (en adelante, LOSU) que, si supera el trámite constitucionalmente requerido ante las Cortes Generales, reemplazará a la actual Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, abordando aspectos como la regulación del sistema universitario, la organización de enseñanzas y la financiación y régimen económico-financiero de las universidades públicas. Asimismo, con el objeto de construir una Universidad equitativa, se pretenden adoptar medidas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a las plazas de personal docente e investigador, y en su desarrollo en la carrera académica. En este sentido, el objetivo de esta ponencia será analizar las referidas medidas y, concretamente, el controvertido artículo 52 del proyecto de ley, relativo a la promoción de la equidad entre el personal docente e investigador, así como las disposiciones previstas en el campo de la investigación para la reducción de las diferencias de género. Todo ello en el marco general del simposio, que como bien es sabido, pretende analizar de forma amplia y omnicomplesiva las posibles reformas que la LOSU traerá a nuestra Universidad, y las propuestas a futuro para lograr una transformación que redunde en beneficio de la sociedad.

Contexto: La integración de las universidades españolas en el EEES y las transformaciones que la sociedad del siglo XXI viene demandando del sistema universitario conducen a una necesaria adaptación de las normas. La LOSU, en respuesta al referido reclamo social, prevé la creación de nuevos títulos, en el marco de la formación avanzada, enfocados al mercado laboral. Diagnóstico: La utilización del método del caso ha sido una constante en la enseñanza de las ciencias jurídicas. Sin embargo, la necesidad de atender a las nuevas competencias que el mercado profesional requiere y la escasa familiarización de los alumnos con el mismo, exige dar un paso más en la innovación docente. En aras de ello, parece aspirarse a la creación de nuevos títulos, en lugar de adaptar los ya existentes a estas nuevas necesidades. Solución: Se propone el uso de herramientas de realidad virtual inmersiva, con el objetivo de conjugar y equilibrar las actividades de corte teórico y práctico, trasladando las tradicionales simulaciones judiciales a un entorno virtual. El uso de las TIC permite no solo el tránsito de un modelo de enseñanza a uno de enseñanza-aprendizaje, donde se sustituye el esfuerzo memorístico por la capacidad de obtener información certera y fiable, sino también, en términos de eficacia y eficiencia, un acercamiento del estudiante a la práctica profesional. Resultado: La utilización de entornos virtuales en 3D enriquecería la adquisición de competencias y habilidades por los estudiantes que, a través de un método novedoso y atractivo, verían reforzada, mediante una visión práctica, lo expuesto en cada lección y, además, culminarían el proceso de aprendizaje con un mayor conocimiento sobre el Derecho, en general, y cada rama, en particular.

Uno de los objetivos que pretende abordar el Anteproyecto de Ley Orgánica del sistema universitario es el establecimiento de una carrera académica estable y predecible, por lo que propone tres niveles principales de progreso dentro de la jerarquía del personal docente e investigador: Ayudante Doctor, Titulares y Catedráticos. Esta modificación supone la supresión de uno de los niveles existentes hasta la fecha dentro de la carrera académica: el profesor Contratado Doctor. En esta reflexión ofrecemos una comparativa detallada de las principales diferencias que se contemplan entre Ley Orgánica 4/2007 por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 y la norma propuesta, en lo referente a estos cuatro niveles principales de contratación del personal docente e investigador. El objetivo es valorar cómo afectarán las modificaciones propuestas por la LOSU, determinar si realmente se alcanzan los objetivos de estabilización y promoción, los objetivos de equiparación de derechos y deberes, y además, estimar si la supresión de la figura del Contratado Doctor, junto con el resto de variaciones, realmente favorecen la evolución del personal docente e investigador en su desarrollo laboral o, si por el contrario, ralentiza el progreso de la carrera académica de estos sujetos afectados y cuáles serían las vías para solucionarlo.

La universidad está en pleno proceso de cambio. En realidad, siempre lo ha estado, pero en los albores de una presumible reforma de su ley marco, esta es, la ley orgánica de universidades, los sentimientos negativos parecen asentarse más que nunca. A cada generación de profesores que se les consulte, probablemente coincida que ninguna de las leyes de universidades han mejorado lo que había anteriormente, y parece ser esta la tónica dominante en lo que se refiere al proyecto de Ley orgánica del sistema universitario (LOSU), que presumiblemente, verá la luz en 2023. Más allá de su prosa y de los cambios que se pretendan introducir, nosotros, como profesores universitarios, tenemos una responsabilidad con la Academia, que es ir mucho más allá de lo que esas leyes pretendan imponernos. La universidad no puede ser presa de un poder legislativo caprichoso que no ha conocido cómo es nuestro particular gremio, cómo se organiza, cómo se crean las Escuelas de pensamiento, ni mucho menos, cómo mejorar la docencia e investigación universitarias. Nuestra tarea, entre otras cosas, debe ser esa, y nos proponemos reflexionar sobre ella: cómo podemos desde la Academia seguir manteniendo nuestro nivel de excelencia, aislándonos de lo que normativamente pueda recogerse en una u otra ley, para ofrecer un servicio público tan de calidad como el hasta ahora prestado. Esa será nuestra tarea en el IV CIDICO.